Dice un adagio entre los investigadores del país que “el tiempo que pasa es la verdad que huye”. Al parecer, la frase se ajusta a lo que viene ocurriendo con la investigación sobre el ingreso de dinero de la multinacional brasileña Odebrecht a las arcas de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos para el 2014, tal como lo anunció el fiscal Néstor Humberto Martínez.
Tras el huracán que se desató en julio pasado por las revelaciones de la Fiscalía en torno a la entrada de por lo menos un millón de dólares del Departamento de Operaciones Estructuradas de los brasileños a la campaña reeleccionista, en momentos en que Roberto Prieto era el gerente, finalmente el año se terminó sin que el Consejo Nacional Electoral, CNE, se hubiera pronunciado sobre estas irregulares.
En el CNE hay un enredo de conceptos sobre los términos de la investigación y el consecuente temor de que la misma haya caducado el 15 de diciembre (tres años después de la fecha en la que la campaña de Santos a la presidencia presentó el último informe de cuentas), de ser así, el país nunca sabrá lo que ocurrió.
Lo que está claro es que ya existe una ponencia al respecto por parte de la magistrada investigadora, Ángela Hernández, pero, aunque la Sala Plena del CNE se ha reunido para tomar decisiones, la presidenta de la corporación, Yolima Carrillo, no la ha incluido en el orden del día y, por ende, no se ha avanzado.
Además, aunque trascendió que se estaría indagando por nuevas pruebas que pidieron en octubre los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, sobre seis mil millones de pesos de más que habrían ingresado, lo cierto es que han pasado seis meses, la ponencia no se discute, en el CNE no hay respuestas, tampoco tienen claro si hay vencimiento del proceso y tampoco se han reunido para discutirlo. En sintesis, no pasa nada.
Después de todo, el periodo de funciones de los magistrados que componen este tribunal vence en agosto y en lo que les queda de funciones, serán las elecciones presidenciales y legislativas las que deberán ocupar la mayor parte de su atención.
Sumado a eso, el CNE, un organismo de competencia electoral y cuestionado, entre otras cosas, por su origen político y composición partidista, es el único que tiene vivo un expediente sobre estos pagos, que fueron admitidos por el exrepresentante de Odebrecht en Colombia, Eluberto Martorelli.
Las dudas
El primero de los enredos que mantiene paralizada la discusión tiene que ver sobre si los tiempos para la investigación no han vencido. Según se advirtió hace seis meses, la ley 1757 de 2011 establece que existe un plazo de tres años, desde el momento en que las campañas entregaron sus informes finales de gastos e ingresos, para que el Consejo investigue y sancione las irregularidades.
En principio, se consideró que el tiempo corría a partir de la entrega del último informe financiero de la campaña, lo que implicaba que para Óscar Iván Zuluaga, acusado porque Odebrecht pagó los servicios de su asesor Duda Mendonca -según lo reconoció también Martorelli-, este tiempo vencía en octubre y para Juan Manuel Santos vencía en diciembre.
Sin embargo, consultados cinco magistrados del CNE aseguraron a EL COLOMBIANO que estos plazos aún están en mora de discusión para el caso Santos. El motivo, es que la esperada ponencia haría referencia a la caducidad y, por lo tanto, no existirá una decisión final hasta que se discuta en Sala Plena. Así las cosas, podría ocurrir que cuando el CNE por fin decida abordar la discusión de fondo, este sea un caso cerrado y con garantía de impunidad.
Esto no es lo único llamativo del caso, pues para Zuluaga, los plazos sí se cumplieron como inicialmente se contemplaron y, el 24 de octubre pasado, la entidad comunicó que archivaba la investigación al candidato del Centro Democrático tras siete meses de investigación del magistrado Carlos Camargo Assís.
La conclusión a la que se llegó fue que no existen pruebas que demuestren el ingreso de dinero ilegal a esta campaña. Sin embargo, el caso aún no está muerto, pues el procurador general, Fernando Carrillo, impugnó la decisión y está pendiente de resolverse.
Así las cosas, solo hasta que concluya la vacancia del CNE, a mediados de este mes, se podría conocer cómo se resolverán todos estos enredos.
La situación dejó inconformidades especialmente de parte del magistrado Armando Novoa, quien tenía inicialmente la investigación pero fue recusado y apartado de ella por haber solicitado públicamenteuna investigación sobre estos hechos, por eso, el magistrado dice que “lo que estamos viendo es la táctica es dilatar y que la gente se olvide del asunto. Eso es deplorable porque vamos a empezar una campaña presidencial sin ningún correctivo para que no vuelva a ocurrir lo del 2014 y sin medidas o castigos para estas conductas, porque ha predominado la lógica del hagámonos pasito”.
Recalca Novoa la preocupación que deja que el organismo encargado de la investigación electoral no sepa a ciencia cierta las fechas y plazos: “En su momento se dijo que la caducidad era el 15 de diciembre, luego que desde el momento del desembolso y así van cambiando se tesis sin claridad”.
Alternativas
El primero en el orden de prioridades para poder llegar a conocer la dimensión real de Odebrecht en la campaña del actual presidente es que el plazo no haya vencido.
Al respecto, se consultó a Juan Carlos Álvarez, doctor en derecho y catedrático de la Universidad Eafit, quien consideró que existe la posibilidad de ver el caso de forma teóricamente flexible.
“Como el límite de gastos de las campañas políticas se suelen superar antes de presentar el reporte oficial a las autoridades, cabría pensar que el tiempo de vencimiento de las investigaciones posteriores se cuente a partir del momento en que se comete la infracción, es decir, desde el día en que las autoridades puedan comprobar que esta ocurrió”, explicó.
Esto daría tiempo suficiente para evitar que se engavete la discusión y sustentaría el por qué para Zuluaga se cumplieron unos términos distintos que los de Santos.
En lo mismo coincide Novoa, cuya tesis reside en que se cuenten los tres años a partir del momento en que la autoridad tiene conocimiento de la supuesta irregularidad, “es decir el 8 de febrero del año pasado. Cualquier tesis diferente conduce a premiar la habilidad de ocultamiento, que fue lo que pasó con (el gerente de la campaña Santos 2014, Roberto Prieto), que reconoce la entrada de dinero, amparado en que hay caducidad sobre esa conducta”.
Las pruebas
Al abrir la investigación formal a la campaña Santos 2014, el CNE centra su interés en el pago de un estudio de opinión por parte de Odebrecht, que se canceló por medio de una sociedad comercial localizada en Panamá llamada Paddington, que se encuentra relacionada con la empresa de publicidad Sancho BBDO.
También incluye las acusaciones al gerente Prieto, quien en marzo reconoció en entrevista radial el ingresos de estos dineros, que tiene una investigación penal en la Fiscalía que avanza a paso lento (indagación preliminar), y que, inexplicablemente, no ha sido aún vinculado formalmente al caso en el CNE a pesar de haber sido protagonista en la campaña.
Vale anotar que para ese momento, el presidente Santos mencionó una de las frases más polémicas de su mandato: “me acabo de enterar”.
Las pruebas fueron entregadas por la Fiscalía, que adjuntó las declaraciones de Martorelli y otro ejecutivo de Odebrecht Luis Antonio Mameri en el que confirman el ingreso de dinero. A esto se suma los interrogatorios a Otto Bula, quien ha reconocido que era el enlace entre los brasileños, la clase política, y Roberto Prieto, este último habría conducido el ingreso.
En su confesión, el exsenador admitió la entrega de un millón de dólares con destino a Prieto, por órdenes de Martorelli, lo que cuadra con la versión entregada por este ejecutivo brasileño a la Fiscalía.
Cabe recordar además que diversos abogados penalistas como Francisco Bernate han dejado en claro sobre la confesión de Prieto que “el hecho de inducir al error a la autoridad es un delito”, por lo que no se explica la lentitud que ha rodeado todo el caso.
Más porque de todos los entes investigadores del país la campaña recayó en el CNE.
A juicio de expertos, la investigación nació muerta. El CNE está compuesto por nueve magistrados que no cuentan con un equipo para hacer las indagaciones. Pero, lo más complejo, es que su elección es política (se realiza en el Congreso) y los elegidos por lo general militan en la coalición de Gobierno, en este caso, el de Santos.
En el caso de darse sanciones, estas solo pueden ser económicas, pues el CNE no tiene competencias judiciales sino administrativas.
Competencias y sospechas
Durante todo el año pasado, senadores como Jorge Robledo se pronunciaron sobre esta inconveniencia al recalcar que “lo de Odebrecht fueron sobornos, no aportes”, por tanto se trataría de una actuación penal que debería quedar en manos de la Fiscalía, un ente no menos susceptible a la crítica por las acciones del fiscal Néstor Humberto Martínez como abogado de Ruta del Sol, consorcio en el que participaban los brasileños.
Por parte de los demás entes de investigación, la Procuraduría ha abierto investigaciones a exfuncionarios acorde con sus competencias y la Contraloría actuará como víctima, en representación del Estado colombiano.
Por su fuero, el tema del presidente está a cargo de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que tiene una investigación en marcha a cargo de Nicolás Guerrero. Uno de los miembros de este grupo, Edward Rodríguez, ha pedido públicamente abrir un proceso formal o, al menos, llamar a declarar al mandatario.
En el otro remo que mueve el bote de la investigación de Odebrecht, se busca comprobar si es cierta la versión del suspendido senador Bernardo Elías, quien le confesó a la Corte Suprema de Justicia que el dinero que iba a la campaña reeleccionista eran una condición a cambio de la aprobación de la polémica adición contractual por 1,2 billones de pesos para la vía Ocaña-Gamarra, que se incluyó en el tramo dos de la Ruta del Sol y que tiene encarcelado y contra las cuerdas al entonces director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade.
En la mira de las autoridades está verificar hechos que levantan serias sospechas, como que esa adición se haya firmado siete meses antes que el documento Conpes que habilita los recursos. Para la defensa de varios involucrados, este hecho demuestra influencias poderosas en este negocio, más allá del alcance de congresistas.
Así las cosas, el deber del CNE es informar con certeza si el balance de la campaña que entregó el mandatario cuadra con las denuncias que se han presentado y de no hacerlo, acabar de formar el rompecabezas de dinero que habría servido como moneda de cambio para que Odebrecht se lucrara por años con millonarios contratos del Estado.
ELCOLOMBIANO