Congreso

¿Se le acabó la gasolina al Congreso antes de elecciones?

Las campañas políticas de Congreso y Presidencia de la República, la complejidad de los temas que competen al nuevo gobierno más que al saliente, la debilidad de las mayorías de la coalición de la Unidad Nacional, entre otras cosas, tienen casi que hundida la ambiciosa agenda legislativa que radicó entre marzo y abril el Gobierno Nacional.

Dicha agenda se tramita —en especial— para seguir cumpliendo los acuerdos de paz que permitieron la desmovilización de las Farc y que en el periodo pasado se estudiaron y conviertieron en ley varios de los puntos pactados en La Habana.

Sin embargo, a menos de 40 días de finalizar las sesiones del Congreso, temas como la reforma política y la creación de las curules especiales de paz se vieron truncadas por los debates interminables y negociaciones que no lograron concretar el Gobierno y los congresistas para su aprobación.

Los proyectos han sido radicados por los ministros del Interior, Guillermo Rivera; Hacienda, Mauricio Cárdenas, y Justicia, Enrique Gil Botero, principalmente, y todos en su momento se presentaron como prioritarios para la paz y la economía.

En proceso de arrancar su discusión están proyectos como el que crea el mecanismo judicial de sometimiento de las bacrim; la despenalización de los pequeños cultivadores ilícitos; la creación del nuevo peso que elimina tres ceros a la moneda actual; además del que eleva a Coldeportes al rango de ministerio y, claro está, el más reciente -que ahora reviste mayor importancia para el Gobierno- la reglamentación al procedimiento operativo de la Justicia Especial de Paz (JEP).

En el Congreso de la República es tradición que durante el último periodo de sesiones (16 de marzo al 16 junio) son pocos los proyectos de ley que un gobierno logra sacar adelante, pues los intereses están centrados en elegir al Congreso entrante y al nuevo Jefe del Estado.

‘Sin gasolina’

Una de las voces más conocedoras de estos trámites legislativos, que lo ha vivido como gobierno y ahora como congresista, es el senador liberal Horacio Serpa Uribe, quien no duda en reconocer que a la administración Santos “ya no le paran bolas” en el Congreso.

“Cualquier gobierno después de ocho años y a escasas cuatro semanas de la primera vuelta presidencial para su relevo tiene poca gasolina, eso no le extrañe a nadie”, asegura Serpa quien es el ponente del trámite que le da operatividad a la JEP.

Este proyecto tiene mensaje de urgencia y de insistencia, es decir, se debe discutir de forma conjunta por las comisiones primeras tanto de Senado y de Cámara, y deberá tramitarse por delante de cualquier otro proyecto.

Aunque se tiene esa estrategia para lograr su discusión, Serpa sostiene: “Estamos en una época de transición, las autoridades actuales ya están terminando su periodo, y estamos en las diligencias para elegir a sus sucesores. Entonces, la gente -no solo en el Congreso sino en el país- le para más bolas a los que tienen la posibilidad de llegar a ejercer el mando que a los que están con el sol a las espaldas”.

Similar consideración tiene el vicepresidente de la Comisión Primera de la Cámara, Carlos Abraham Jiménez, quien asegura que no solo se acabó la gasolina, es decir, tener unas mayorías suficientes, sino que el tiempo ya no da para tantos proyectos.

“Es muy complejo el tiempo, creo que solo alcanza para la JEP”, dice el congresista de Cambio Radical, quien además advierte que hay dos proyectos fundamentales que deben salir antes del 20 de julio y que no fueron presentados por el Gobierno:

Uno, el que crea la presencia de los diez congresistas de las Farc en las comisiones constitucionales, esto porque la reforma constitucional garantizó que llegaran, por 8 años, cinco senadores y cinco representantes, pero quedó pendiente una ley que amplíe el número de miembros de esas células legislativas.

Otro de los proyectos que debe lograr su trámite, es el que determina cómo se hará la elección del nuevo Contralor General de la República, porque este ya no se escogido por el Congreso de ternas que envían las cortes, sino con base en concurso de méritos de una convocatoria pública.

Jiménez, quien en el nuevo Congreso será senador, explica que proyectos como el de pequeños cultivadores ilícitos como el de sometimiento de las bacrim generaron muchas discrepancias, en especial de la Fiscalía General de la Nación.

Una mirada más optimista a la agenda la hace el presidente de la Comisión Primera del Senado, Roosevelt Rodríguez, quien reconoce que sí ha habido demoras en los trámites, pero en su opinión es más responsabilidad de la Cámara en donde se ha postergado la designación de ponentes, porque en el Senado ya se tienen los responsables de las ponencias.

Resalta Rodríguez, que en el complejo proyecto de ley de no dar penalización a quienes tengan cultivos de coca menores a 1,7 hectáreas, el mismo tiene como ponente a Juan Manuel Galán y tuvo la audiencia pública, pero falta que se haga lo mismo en la Cámara de Representantes.

El Presidente de la Comisión Primera del Senado discrepa de Serpa y dice que la responsabilidad del Gobierno está en llevar al Congreso los proyectos, y que éste es responsable de discutirlos: “Si los proyectos fueron radicados por el Gobierno, tienen que avanzar acá en las comisiones como corresponde, se tiene que agilizar el trámite en el Congreso”.

La Comisión Tercera de la Cámara aprobó, en primer debate, el proyecto de ley que elimina los tres ceros del peso colombiano. Aún le quedan tres debates.

Las sesiones ordinarias comenzaron en marzo pasado, justo después de las elecciones legislativas, cuando se renovó el Congreso de la República en las urnas.

Elección contralor

Las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado aprobaron en primer debate el proyecto de ley que regula la elección del contralor General de la República.

En el proyecto se establece que la convocatoria debe ser hecha por una universidad acreditada que defina, a través de múltiples criterios, una lista de legibles para que posteriormente el Congreso seleccione la persona encargada de dirigir la Contraloría. La universidad deberá ser definida por el Congreso de la República.

Rodrigo Lara, presidente de la Cámara, afirmó que: “En efecto, logramos aprobar en debate de sesiones conjuntas el procedimiento para la elección del próximo contralor general de la República y estamos logrando aquí un equilibrio muy importante entre los principios de mérito, transparencia, de selección objetiva y el proceso propio de elección por parte del Congreso”.

En un inicio el proyecto les entregaba a las mesas directivas del Congreso la facultad de determinar las listas de elegibles. Para el viceministro del Interior, Héctor Olimpo, este proyecto busca garantizar transparencia, acceso de todas la personas y pluralidad de actores en la elección.

Fuente: El País