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Se hundieron la reforma política y proyectos para bajar salario y recortar vacaciones a congresistas

Vuelve y juega. El Congreso de la República termina este miércoles un nuevo periodo de sesiones sin que se haya aprobado una sola de las iniciativas que buscaban que el Legislativo se autorreformara. Presentar proyectos de ley para ‘tocar’ el sueldo de los congresistas, para darle más transparencia a su labor legislativa o para reformar la política se volvió un lugar común en el Parlamento colombiano y, hasta el momento, también se volvió habitual que los propios congresistas hundan estas iniciativas.

Estas reformas se han intentado de todas las formas posibles, pero el resultado ha sido el mismo: los proyectos se hunden, unas veces por falta de tiempos, en otras ocasiones porque los legisladores se declaran impedidos para votar o porque encuentran supuestos vicios de trámite que hacen que las iniciativas se archiven.

El caso más reciente ocurrió con la reforma que buscaba que el receso legislativo pasara de cuatro a dos meses, lo que implicaba reducir a la mitad las vacaciones de los congresistas, con el fin de tener un periodo de sesiones más extenso.

La iniciativa apenas logró superar uno de los cuatro debates que requería este semestre para continuar con vida en el Congreso y quedó archivada por falta de tiempo para continuar su trámite.

“Es penoso que el Congreso de la República no pueda sesionar, no pueda hacer control político, no pueda debatir leyes, presupuestos y demás, durante tanto tiempo del año, se tiene un Congreso maniatado y sin funcionar”, expresó el representante Gabriel Santos, autor del proyecto.

Igual suerte corrió una iniciativa del senador liberal Luis Fernando Velasco, que contenía una disposición que congelaba el salario de los congresistas y los funcionarios que devengaran más de 15 salarios mínimos. Según explicó el congresista, hubo “falta de voluntad política” pues el proyecto estaba radicado desde julio y apenas se le dio uno de los cuatro debates que requería. No alcanzó el tiempo.

En septiembre, los senadores Gustavo Bolívar y Rodrigo Lara también lo intentaron. Ellos propusieron, dentro del proyecto que regulaba las sesiones remotas, que los parlamentarios colombianos renunciaran a sus gastos de representación, pues como estaban sesionando desde la casa no requerían los más de 14 millones que se les otorgan para que puedan sufragar sus gastos por el hecho de permanecer en Bogotá.

En esta oportunidad, el argumento fue distinto, pues algunos de los senadores aseguraron que introducir este tema implicaría un supuesto vicio de trámite en el proyecto. Durante el debate, la senadora del Partido Conservador Esperanza Andrade afirmó que “esa proposición viola el principio de consecutividad y de unidad de materia” al pretender incluirla en esta iniciativa.

Mientras tanto, el senador por el Partido Liberal Fabio Amín pidió que se abriera el espacio para tramitarse impedimentos, tomando en cuenta que se trataba de una idea que toca el sueldo de los legisladores. Al final, la propuesta no prosperó y se hundió.

Igual de polémico fue lo sucedido con la reforma política, que buscaba que los congresistas llegaran con listas cerradas para las elecciones. Esto consiste en que los ciudadanos votan por partidos y no por personas a la hora de marcar los tarjetones para elegir corporaciones públicas (Congreso, asambleas y concejos). Esta vez, la propuesta se hundió de una forma distinta, no hubo ningún tipo de excusas, la Cámara la negó a voto limpio, de manera democrática.

“Cerrar las listas le quita poder a cada gamonal, elimina la relación transaccional entre elegido y votante, y obliga a los partidos a ponerse serios con la identidad partidista y la financiación de las campañas”, indicó la representante de Alianza Verde Juanita Goebertus, en una entrevista con EL TIEMPO.

Actualmente, la mayoría de partidos y movimientos políticos llega a las elecciones con listas abiertas. Cada candidato tiene su propio número y hace campaña por separado, por lo que el modelo ha sido cuestionado, pues la falta de filtros de financiación ha permitido que aspirantes gasten grandes cantidades de dinero e, incluso, hayan obtenido financiación ilegal.

Quienes se opusieron a cerrar las listas argumentaron que esto llevaba a la llamada “dictadura del bolígrafo”, es decir que los directores de los partidos armarían las listas a su antojo y con base en amiguismos.

“Seguramente hemos sido ingenuos intentando que el Congreso se autorreforme, que cambie sus reglas de juego, pero ojalá esto sea un avance en el camino para entender que la renovación política se construye desde la ciudadanía, porque desde este Congreso va a ser muy difícil”, apuntó el congresista José Daniel López frente a este punto.

Un ejemplo de lo anterior fue lo ocurrido en 2018 con un proyecto, nacido tras la consulta anticorrupción, que buscaba congelarles el salario a los congresistas hasta 2022 y a partir de ese año se les disminuía el salario. En esa ocasión, 36 de los 38 miembros de la Comisión Primera de la Cámara se declararon impedidos para discutir la iniciativa, al considerar que había un conflicto de interés porque estaban legislando sobre su propio salario. Esto llevó al hundimiento de la reforma.

Luego de ese espectáculo, de congresistas saliéndose uno tras otro para evitar votar la norma, se hizo una modificación al régimen de conflictos de interés y se determinó que, en esos casos, los congresistas solo se pueden declarar impedidos si una norma los beneficia, mas no si los afecta.

No obstante, ni siquiera así se ha logrado que los congresistas se atrevan a ‘tocar’ su salario.

¿Qué hacer ante la imposibilidad del Congreso para autorreformarse? La congresista Goebertus lanzó una afirmación que resultó demoledora: “El único camino es renovar en serio el Congreso en el 2022”.

Por su parte, frente al tema de la reforma política, el profesor de la Universidad Nacional David Roll aseguró en un análisis publicado en el periódico de esa institución que “queda la esperanza de que en algún momento las élites parlamentarias se den cuenta de la necesidad de unirse en torno a consensos logrados tras años de deliberación”. Y agregó que se requieren reformas como “una mayor y más efectiva regulación de la financiación privada en las campañas, y la puesta en cintura de los candidatos que crean agrupaciones políticas temporales para evadir controles”.

Mientras tanto, algunos legisladores han propuesto que temas como su salario no sean regulados solo por el Congreso, sino por otros estamentos. No obstante, para ello habría que tramitar una reforma que debe ser aprobada por los propios congresistas.