Con todo y el tormentoso trámite que tuvieron en el Congreso algunas leyes para implementar los acuerdos con las Farc, y aunque otras ni siquiera alcanzaron a ser debatidas durante la vigencia del ‘fast track’ –trámite abreviado–, la paz con esa exguerrilla no está en cuestión.
La prueba es que el viernes, 17 de los exjefes guerrilleros y hoy líderes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) se presentaron ante la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y firmaron las actas mediante las cuales se comprometieron a ir a esa instancia para contar la verdad de sus crímenes y ser juzgados y sancionados.
Este es un requisito que deben cumplir para hacer política y acceder a las 10 curules que tendrán en Senado y Cámara en el próximo Congreso.
De hecho, el mismo viernes, aunque hablaron hasta de “perfidia” (engaño) en el balance que le hicieron al trámite de las leyes para la paz en el Congreso y a los cambios que les hizo el Legislativo, los exjefes guerrilleros ratificaron su decisión de “buscar la transformación” del país “por la vía legal”. Es decir, las Farc armadas son cosa del pasado.
Y es así, a pesar del malestar que les ha provocado que no todo haya quedado como se pactó en La Habana.
Los cambios más sustanciales se hicieron en la reglamentación de la JEP, una de las leyes claves. Ante ella deben comparecer los excombatientes, pero no están obligados a hacerlo empresarios, funcionarios y otros civiles que tuvieron relaciones con los grupos armados que cometieron graves delitos en medio del conflicto armado.
Tampoco serán sancionados los altos mandos militares a los que no se les pruebe conocimiento específico sobre los crímenes cometidos por sus subalternos. Todo eso estaba en el proyecto original y por eso ahora el partido Farc dice que la JEP quedó hecha solo para los exguerrilleros.
Incluso, expertos creen que con esos dos cambios la jurisdicción quedó vulnerable ante la Corte Penal Internacional (CPI), y ya hay anuncios de demandas.
Pero la realidad es que todavía la justicia especial no ha entrado en funcionamiento, y habrá que ver qué casos decide juzgar. Eso sí, es físicamente imposible actuar sobre los miles de crímenes graves cometidos durante la guerra.
Y aunque hoy están en vilo la mayoría de los magistrados de la JEP, porque según lo aprobado en el Congreso están inhabilitados para ejercer como tales los que hayan sido defensores o acusadores del Estado en procesos por violación de derechos humanos y los que hayan sido asesores de la mesa de diálogos de La Habana, lo cierto es que la justicia especial para la paz está viva.
Además, gracias a dos decretos leyes también hay Comisión de la Verdad y una Unidad de Búsqueda de Desaparecidos para complementar la reparación que deben encontrar en la JEP las víctimas de las antiguas Farc y de otros protagonistas del conflicto armado.
Y así como no hay vuelta de hoja en la justicia especial, tampoco la hay para los amnistías e indultos de los exguerrilleros que no tienen delitos graves y cumplan con los acuerdos, para el redireccionamiento de regalías a las zonas más afectadas por el conflicto y para la ley de innovación en la producción agropecuaria. Estas fueron leyes aprobadas en el Congreso durante el ‘fast track’.
Quizás lo más importante es que tampoco tiene marcha atrás la participación política de los exguerrilleros.
Si como dice el Instituto Kroc – en su primer balance a lo pactado en La Habana–, en el mediano plazo “los acuerdos de paz exitosos son aquellos en los que se cambian balas por votos, y la primera expresión de esta ecuación sucede en las primeras elecciones posacuerdo”, puede decirse que la paz con las Farc tiene ya una dosis de éxito.
Claro está, la participación política debe estar acompañada de seguridad para los candidatos de la exguerrilla y de sus bases electorales.
ELTIEMPO