Alimentando Santander 2017, consorcio encargado de la operación del Programa de Alimentación Escolar en el departamento en el último semestre del año pasado, denunció que la Gobernación aún les adeuda $28.300 millones, de los $30 mil millones facturados por la ejecución del PAE.
“Hemos venido teniendo inconvenientes con la Gobernación para el pago de la operación del PAE, desde que fue capturada la secretaria anterior, Ana de Dios Tarazona, y la nueva funcionaria en el cargo, Doris Gordillo, devolvió todas las facturas que le habíamos presentado. Hasta ahora solo nos han cancelado $1.700 millones, de los $30 mil millones que facturamos”, advirtió David Conde, representante legal de Alimentando Santander 2017.
Ante el retraso en el pago de las facturas por parte de la administración departamental, el operador del PAE tiene cuentas pendientes por más de dos meses, con bancos, proveedores y manipuladoras del Programa.
“De los $1.700 millones que pagó la Gobernación por lo facturado en el mes de agosto, ellos descontaron las estampillas, es decir, a nosotros solo nos llegaron $1.200 millones, de los cuales el banco cobró los intereses del crédito. Logramos pagar seguridad social y el sueldo de algunas manipuladoras, pero aún se les debe dos meses de sueldo. Falta pagar las facturas de los proveedores”, agregó Conde.
Revisión de facturas
Esta redacción intentó comunicarse con la secretaría de Educación departamental, Doris Gordillo, pero la funcionaria tenía el celular apagado.
Sin embargo, en comunicados de prensa de la Gobernación la jefe de la cartera educativa había solicitado el acompañamiento de los órganos de control para vigilar que el pago de las facturas del PAE no tuvieran ninguna irregularidad.
“La Secretaria lo que quiere es que las “ías” le digan que puede pagar sin ningún problema, pero eso no va a suceder porque sencillamente los órganos de control no pueden coadministrar”, puntualizó el representante de Alimentando Santander 2017.
Proceso judicial
Por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar en Santander, actualmente la Fiscalía General adelanta un proceso penal contra cuatro personas que se encuentran privadas de la libertad, entre ellas la exsecretaria de Educación, Ana de Dios Tarazona.
Específicamente, la Fiscalía investiga las posibles irregularidades en el contrato para la operación del PAE en colegios oficiales de 83 municipios no certificados de Santander, el cual tuvo un costo de $23 mil 845 millones y fue adjudicado a Surcolombiana de Inversiones, único oferente habilitado en la licitación.
Además el ente acusador advirtió que el operador del programa había facturado tamales por 30 mil pesos, lo que se configuraría en un evidente sobrecosto en la ejecución del contrato.
VANGUARDIA