jueves, mayo 9, 2024
Colombia

Opinión | Precisiones jurídicas sobre la distribución de combustibles en zonas de frontera

Por: Camilo Andrés Mosquera

A raíz de una columna del respetado Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo –ACP- en Portafolio, me animé a escribir esta columna para hacer unas presiones jurídicas sobre la distribución de combustibles en zonas de fronteras.

El artículo 19 de la ley 191 de 1995 (Ley de Fronteras) establece que el Ministerio de Minas y Energía tendrá la función de distribución de combustibles líquidos (diésel y gasolina) en los departamentos y zonas de fronteras, en razón de lo anterior el MME se encarga de toda la cadena de distribución y logística para aprovisionar de combustibles a estas regiones.

El MME lo puede hacer de manera directa o cediéndola mediante planes de abastecimientos y esquemas regulatorios a distribuidores mayoristas y minoristas de las regiones en zona de frontera, por esta razón el mercado de combustibles es regulado.

La Superintendencia de Industria y Comercio ha establecido que cuando un mercado es regulado por disposición legal en este no cabe el concepto de libre competencia por cuando es una actividad direccionada e intervenida por el estado, contrario a los mercados no regulados donde los precios fluctúan de acuerdo a ley de oferta y demanda.

El ordenamiento jurídico y en especial el artículo 2.2.1.1.2.2.6.7 del decreto único del sector de minas y energía 1073 de 2015 establece de manera clara un orden de prelación en la distribución de combustibles en zonas de fronteras, en ese orden, en primer lugar están las plantas de abastecimientos ubicadas en el respectivo departamento, en segundo orden están las plantas de abastecimientos en municipios y departamentos vecinos de la zona de frontera.

En Tumaco, la empresa Petrodecol construyó una planta de abastecimiento en el puerto de ese municipio, lo cual le otorga por ley el primer orden de prelación en razón de que el departamento de Nariño está en zona de frontera.

El primer orden de prelación en el plan de abastecimiento de Petrodecol ha sido objeto de múltiples acciones judiciales, la última, una sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño fallando una acción popular en la cual hace una interpretación errónea de la ley pues dice el plan de abastecimiento de Nariño viola el principio de libre competencia, cuando está claro en mercados regulados por disposición legal este principio no aplica.

La decisión del Tribunal crea inseguridad jurídica, pues cambia las reglas de juego a empresarios que han hecho cuantiosas inversiones basados en el ordenamiento jurídico el cual fue modificado por la interpretación de un tribunal.

El MME quien regula la distribución de combustibles en zonas de fronteras debe cumplir el mandato legal para garantizar los beneficios legales que trae la norma, entre ellos exención de IVA y arancel, además del subsidio para garantizar precios más bajos.