Una nueva controversia relacionada con la justicia para la paz estallaría esta semana en el Congreso, ya que los listados de exintegrantes de las Farc que se beneficiarán con el esquema de juzgamiento siembran dudas.
La discusión, que se espera ocurra durante el segundo de tres debates del proyecto de ley que reglamenta la justicia para los actores del conflicto armado, correrá por cuenta de la inclusión de nuevos exmiembros de esa organización que también recibirían los beneficios.
Algunos sectores de las Farc le han planteado al Gobierno la necesidad de abrir esas listas, que se cerraron el pasado 15 de agosto, para incluir a más miembros. A esto el Gobierno se ha negado enfáticamente.
No obstante, en la iniciativa que estudia el Congreso existe una disposición que abriría la puerta para que esto sucediera, y seguramente se pedirá precisión para evitar ‘colados’ en este modelo de justicia.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un modelo de juzgamiento transitorio creado para procesar a excombatientes, militares y civiles señalados de delitos atroces en medio del conflicto armado.
Para darle vida, el Congreso aprobó a comienzos de este año una reforma constitucional que crea ese tribunal. Ahora, el Legislativo debate un proyecto de ley que reglamenta este modelo de justicia.
En el artículo 63 de la ponencia (texto que está para discusión de los congresistas) se incluyó una disposición que no parece ser del todo clara y tiene que ver directamente con las personas relacionadas con las Farc a las que cobijarían los beneficios de la JEP.
Según el texto propuesto, este modelo de justicia también cobijaría a “las personas incluidas en los listados elaborados por las Farc” y a las que “hayan sido condenadas, procesadas o investigadas por la pertenencia” a ese grupo “por conductas realizadas antes del 1.° de diciembre de 2016”.
Esto significa que los exintegrantes de las Farc a los que el sistema cobijaría son los que están en la lista que ese grupo entregó y quienes hayan sido procesados en el pasado por pertenecer o colaborar con este.
Sin embargo, hay una línea que no termina de convencer a algunos partidos políticos. Esta disposición dice que estas personas recibirán los beneficios de este modelo de justicia “aunque no estuvieren en el listado de integrantes entregado por dicho grupo al Gobierno Nacional durante el proceso de dejación de armas”.
Para el Gobierno y para los ponentes del proyecto, es claro que este asunto específico hace referencia exclusivamente a las personas que hayan sido procesadas y condenadas en el pasado por su pertenencia o colaboración con las Farc, no para quienes están en la lista de miembros que ese grupo le entregó al Gobierno.
Pero, para algunos sectores de los partidos Conservador y Cambio Radical, esta disposición debe ser precisada para evitar que personas que no hayan estado ni colaborado con las Farc sean cobijadas con beneficios.
Por lo pronto, el representante por ‘la U’ Hernán Penagos, ponente del proyecto en Cámara, señaló la posible confusión que podría generar esta disposición y manifestó que está “dispuesto” a “precisar lo que sea necesario” en el texto de ponencia.
Esta no es la única polémica que ha girado en torno a los listados de los excombatientes que se presentarán a la justicia especial de paz.
Luego de entregarse el listado de los excombatientes que se someterían a la JEP, EL TIEMPO reveló el nombre de 25 narcos que se colaron y son extraditables.
ELTIEMPO