Después de la aprobación de la reglamentación de la JEP en el Congreso, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo en entrevista con La W Radio que, incluso él, vio las cosas “muy difíciles” en algún momento, pues esta iniciativa, clave para la implementación del acuerdo de paz con las Farc, fue aprobada en la plenaria de la Cámara al filo del plazo de vigencia del ‘fast track’.
Rivera reconoció que “no es el mejor momento político” para sacar adelante las iniciativas legislativas. Esto, por cuenta de las campañas electorales que ya calientan motores de cara a las elecciones presidenciales y de Congreso que tendrán lugar en 2018.
El Ministro también contó que este lunes lograron llegar a un acuerdo con el Fiscal General de la Nación, teniendo en cuenta varias de las observaciones que este había hecho al proyecto de justicia especial para la paz.
“Cuando nos disponíamos a discutir y la Cámara de Representantes a votar los últimos cuatro artículos, que eran los más importantes en materia de dirimir competencias entre la justicia ordinaria y la Jurisdicción Especial para la Paz logramos un acuerdo con el Fiscal en dos temas fundamentales”, contó Rivera.
El primero de esos temas es el régimen de gradualidades, frente al régimen de condicionalidades del fallo de la Corte Constitucional. El segundo es sobre cómo se deben investigar los crímenes más graves, pues al principio el Gobierno sostenía la tesis de concentrarse en los máximos responsables. “Creemos que el texto es satisfactorio en términos de los objetivos de garantizar los derechos de las víctimas”, aseguró.
Sobre la polémica por las inhabilidades que aprobó el Senado para los magistrados de la JEP, Rivera dijo que “por fortuna” la Cámara no acogió esta iniciativa, que cerraba la puerta a que abogados que hubiesen participado en procesos de derechos humanos participaran de los tribunales que juzgarán los crímenes más graves del conflicto.
El Gobierno espera que en la conciliación de los textos aprobados en Senado y Cámara sea incorporado el que se aprobó este lunes y no el que ratificó el Senado de la República, para que los magistrados elegidos puedan tomar posesión de sus cargos.
En el proceso de conciliación, los artículos aprobados ya no podrán modificarse. Como explicó Rivera, lo que viene es la discusión de qué textos se dejan en la ley final, si los de Cámara o los de Senado, en cada artículo.
Por otro lado, dijo que “el Gobierno no comparte la posición de las mayorías del Senado y la Cámara” respecto al juzgamiento de los delitos sexuales, que quedarían por fuera de la órbita de la JEP, aun si fueron cometidos en el marco del conflicto armado.
“Este tipo de iniciativas suelen ser muy populares”, dijo, pero para Rivera y el Gobierno era suficiente saber que estos delitos no serían amnistiables, y que serían investigados, juzgados y sancionados como delitos graves. “Este (la JEP) es un sistema que está concebido a partir de la verdad y la reparación para las víctimas”, aseguró.
Para el jefe de la cartera política, será la Corte Constitucional la que tendrá la última palabra, pues como quedó el proyecto, implicaría un cambio en el Código Penal.
Frente a la reforma política, aseguró que este martes se pondrá en esa tarea, que comenzará con la reunión de las bancadas de Gobierno.
“Lo importante es que no se apruebe cualquier reforma política”, dijo Rivera, y agregó que prefieren que se hunda si no incluye temas claves como el control a la financiación ilegal de las campañas y la prohibición del transfuguismo.
ELTIEMPO