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La tutela que ganó Peñalosa y cambiaría la revocatoria de alcaldes

Más de 100 municipios del país han presentado procesos de revocatoria en los últimos 3 años, estos procesos han terminado en procesos en su mayoría fracasados, sólo uno de esos procesos ha tenido éxito, y fue justo a finales de julio, cuando el alcalde de Tasco (Boyacá) terminó revocado con el 97% de los votos en su contra.

Los demás procesos han caído en su mayoría por abstencionismo, pero el más relevante de todos en la activación de estos procesos es la del alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa.

Esta semana una tutela de la Corte Constitucional falló a favor del alcalde al considerar que el alcalde no tenía ni los mecanismos para defenderse durante el proceso, ni se verificó si realmente los motivos para convocar la revocatoria eran realmente verídicos, como el incumplimiento del programa de gobierno o la insatisfacción general (dos temas sobre los cuales también existe debate, pues se consideró por mucho tiempo que el incumplimiento era el principal motivo y la insatisfacción general solo una consecuencia de este en los procesos de revocatoria que se intentaron años atrás).

Según la Corte a Peñalosa no se le garantizaron sus derechos dentro del debido proceso y por lo tanto tendrá derecho a conocer los motivos por los que se pide ser revocado, al mismo tiempo que se le da un plazo a los convocantes de la revocatoria para exponerlo y a él para defenderse. Plazos que muy seguramente terminarán por hundir todo el proceso.

Regulación

La Corte además “exhorta al Congreso de la República para que adopte las normas estatutarias que, en el marco de la revocatoria del mandato, instauren mecanismos que garanticen los derechos fundamentales en tensión y, en especial, los derechos de información y defensa, en los términos antes señalados”

Es decir, el Congreso tendrá que regular el acceso de los alcaldes a los motivos por los que se pide ser revocados, y darles garantías de defensa antes de llegar al momento de las urnas.

El dilema estará en los tiempos, si se garantiza el acceso de información y defensa de los alcaldes deberá hacerse a través de tiempos que no impidan la realización misma de la revocatoria. La recolección de firmas, el trámite ante la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, y la convocatoria efectiva a las urnas después de todo el proceso, ya es un trámite bastante largo y costoso, y un proceso de controversia de los motivos por los que se llama a las urnas podría hacer inviable en tiempos la revocatoria.

El lado positivo es garantizar que las revocatorias no se conviertan como en muchas ciudades el proceso de revanchismo de la oposición de los alcaldes o de los candidatos perdedores de esa alcaldía, una justificación concreta y precisa de las causas por las que se quiere revocar al alcalde, y la defensa del mismo, daría más transparencia y seguramente al exponerlas de forma clara, muchas de ellas no terminarían hundidas en el abstencionismo al ser una minoría perdedora la convocante.

Un debate que hasta ahora inicia.

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