Si se acogen a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y aportan pronto la verdad sobre sus crímenes en el conflicto, los líderes de las Farc podrían sentarse tranquilamente en sus curules, en el Capitolio, y oficiar como congresistas.
La disposición que permitirá esa circunstancia es objeto de un acuerdo político de varios partidos y quedaría incluida en el proyecto de ley que reglamenta la justicia para los actores de la guerra, que surte el segundo de tres debates en la plenaria del Senado.
Todavía faltan detalles para precisar con rigor la presencia de exmiembros de las Farc en corporaciones públicas, pero en términos generales el espíritu de la norma está claro y es facilitar que eso ocurra. El tema está en la fase del acuerdo político. Falta perfeccionar el texto del artículo que así lo determine y que sea acogido por las plenarias de Senado y Cámara.
La regulación expresa de la participación política de los excombatientes fue un reclamo de varios partidos políticos en el Congreso desde hace varios meses, pero solo un acuerdo entre el Gobierno y la bancada conservadora en Senado, esta semana, permitió avanzar en una fórmula concreta.
El acuerdo se produjo el jueves pasado tras una reunión entre el Gobierno y los conservadores, luego de varios días en que parecía que la iniciativa podría fracasar por falta de votos en el Senado.
El proyecto, considerado “vital” para el proceso de paz, había recibido el día anterior una de sus peores amenazas, cuando los conservadores se sumaron al bloque de uribistas y Cambio Radical, que utiliza la estrategia de ausentarse de las deliberaciones para precipitar el agotamiento de las discusiones por falta de ‘quorum’.
El Gobierno tomó nota de la falta que hacían los conservadores para sacar adelante la iniciativa y fue en su búsqueda para salvarla. Al fin y al cabo, de los tres sectores políticos en rebeldía, era con los únicos que podía avanzar en alguna negociación.
ELTIEMPO