jueves, mayo 30, 2024
Políticos

La inclusión política garantiza que no se repita la violencia

El mes pasado, los hombres y mujeres del nuevo partido político de las Farc inscribieron sus nombres como candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes. ¿Quién se hubiera imaginado hace unos años que un día íbamos a ver a las Farc cambiando sus fusiles por la oportunidad de participar en política? Si algo marca el fin de la guerra, es eso.

Sin embargo, sigue la controversia. Este es un buen momento para reflexionar sobre la participación en política de las Farc, y también sobre las conversaciones con el No luego del plebiscito, que encontraron su límite en este mismo punto, en la relación entre democracia y paz.

Sobre la paz y la democracia habría muchas cosas que decir. La enorme dificultad, por ejemplo, de lograr una visión compartida entre los poderes públicos de una paz incluyente, como quedó en evidencia tanto en el Congreso de la República como en la Corte Constitucional. O el hecho igualmente cierto de que, en democracia, necesariamente habrá diferencias entre esos poderes: las Farc tienen que aceptar que esos son los límites y las reglas de juego.

Demos primero un paso atrás y comencemos por un hecho probado: las estadísticas demuestran que la vieja teoría de la ‘paz democrática’ (las democracias no se van a la guerra con otras democracias) es cierta. Y que lo mismo ocurre en el interior de los países, como debería ser si entendemos la democracia como un sistema de prevención y regulación pacífica de conflictos: cuanto más consolidada esté la democracia, menor será la probabilidad de que ocurra un conflicto armado (y viceversa).

Las estadísticas también demuestran que la ‘paz democrática’ opera igualmente a la hora de salir de un conflicto armado interno. Mientras más incluyente sea un acuerdo de paz y mientras más participen en el proceso democrático quienes antes estaban en armas, más posibilidades tiene la paz de ser “estable y duradera”.

Estas son las cifras, según un estudio de Charles Call de 25 conflictos internos que terminaron en los últimos 30 años. De ese universo, los países que adoptaron medidas de inclusión política de los excombatientes (15) lograron que la paz echara raíz, con excepción de dos. Por el contrario, todos los que no las adoptaron (los diez restantes) y optaron por la exclusión cayeron en un nuevo ciclo de violencia.

Concluye Call: “Medidas de inclusión para los antiguos enemigos son el camino más seguro a la no repetición; medidas de exclusión son el camino a un nuevo conflicto armado”.

La moraleja es sencilla: la principal garantía de no repetición se llama inclusión política.

Las bases de la controversia

Si eso es así, ¿por qué tanta controversia, cuando aquí ya habíamos aprendido esa lección? Parte de la explicación está en que las Farc dejaron muchas más víctimas, sembraron un resentimiento mucho más hondo y han sido hasta ahora incapaces –con dos o tres excepciones notables, como Bojayá y Cali– de bajar la cabeza y pedirles perdón a sus víctimas y a la sociedad en su conjunto por el enorme daño que causaron. Por el contrario, siguen cometiendo el gravísimo error de dejar sueltas a sus voces más ásperas, dedicadas como están a la burla y la provocación.

Pero esa no es toda la explicación. Es bien sabido que en las democracias con conflictos internos (las que los estudios llaman democracias ‘conflictuadas’), el uso de los términos ‘conflicto’ y ‘paz’, lejos de ser objeto de un consenso, es parte del juego político, por no decir objeto de una evidente instrumentalización.

Colombia, claramente, no es la excepción, sino más bien el ejemplo más acabado. En contra de toda evidencia, de al menos dos décadas de combates y operaciones militares de gran escala –conducidas todas bajo el derecho de la guerra–, de la pérdida año tras año de la vida de cientos de nuestros soldados y policías, de grandes bombardeos en nuestro propio territorio y, sobre todo, de la victimización masiva de la población, el expresidente Álvaro Uribe y su partido insisten en que en Colombia no ha habido un conflicto armado (“en los escritorios de Bogotá podrán decir lo que quieran, pero nosotros estamos en guerra”, decía un comandante del Ejército que pasó su vida militar en las selvas de La Macarena).

Y si no se reconoce el problema (el conflicto armado), mucho menos la solución (una negociación de paz que permita que quienes estaban en armas transiten a la política). A menos que se tuerza el significado de ‘paz’ para entender simplemente un sometimiento a la justicia en condiciones favorables, que fue lo que ocurrió con los paramilitares. Eso no lo ha aceptado ninguna guerrilla en ninguna parte: si deja las armas, es para participar en política. Por eso, negar la participación es negar la posibilidad de una negociación.

El plebiscito nos partió en dos

Pasemos a la renegociación después del plebiscito. En La Habana logramos mucho más de lo esperado –renegociamos con las Farc casi todos los puntos que interesaban al No–; sin embargo, los representantes del No rechazaron el nuevo acuerdo.

En la última reunión nos quedó claro que habían cedido a la tentación de convertir el resultado del plebiscito en capital político –prácticamente todos eran o resultaron ser precandidatos presidenciales– y que no iba a haber consenso. Pero también, que la posición del expresidente Uribe de negar la participación cerraba todas las puertas.

Preguntémonos primero: ¿qué esperaban los opositores del Acuerdo de un triunfo del No? El punto es que nunca entendieron el plebiscito como un instrumento con un resultado binario, un todo o nada como el ‘brexit’ (“nos salimos o nos quedamos”).

ELTIEMPO