Dentro del complejo entramado que hay acerca de las pruebas psicofísicas de los vigilantes en el país, se ha venido destapando una serie de irregularidades que implican a algunas de las empresas que evalúan y certifican dichas capacidades. Isent Aprueba es una empresa perteneciente al señor Eduardo Ortiz Orjuela y a su hija, Sandra Ortiz Villamizar y a las que se le habilitaron 53 sedes en todo el país, entre esas 40 franquicias. Dicha compañía, una de las más grandes y poderosas del país en el negocio de evaluaciones y certificaciones para vigilantes y personas que trabajan en el área de seguridad, fue cerrada hace un tiempo por el Ministerio de Defensa debido a que según este no cumplía con las normas establecidas para tal fin.
El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) es un ente privado delegado por el Ministerio de Industria y Comercio para vigilar, que regula y acredita como organismos certificadores de personas a estos centros quien también se les cancelo su acreditación porque Isent Aprueba migró sus centros a la firma Innovar IPS para eludir las muchísimos acreencias que por sus malos manejos lo llevó a la quiebra llevándose de contera a los 40 franquiciados y siguió operando sin avisar de estos hechos a los organismos reguladores; expidiendo certificados ilegalmente con el agravante de que la señora Sandra Ortiz hace parte de la junta directiva de ONAC a la que le ocultó estos hechos espurios.
Por su parte Sandra Ortiz, se ha dedicado a decir que su empresa fue cerrada por maniobras irregulares de los competidores en el mercado al punto de afirmar que dichas empresas han llegado a pagar millonarios sobornos a militares y otros entes de control para acabarla.
Lo que no dice la señora es que su padre y socio Eduardo Ortiz Orjuela quebró la no despreciable suma de 7 compañías ¿Con semejante precedente con qué derecho se atreve a acusar a otros de maniobras ilegales para quebrarlos cuando quedo claro que todo lo que toca la familia Ortiz se va a pique? Ya veremos si los perjudicados con estas declaraciones toman acciones en su contra y exigen una seria rectificación.