Desde que llegó al Senado de la República la ponencia de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, los partidos políticos que se vienen oponiendo a la que ha sido catalogada como la columna vertebral de los acuerdos de La Habana comenzaron a vigilar con lupa el contenido de dicho texto. Este martes, justamente, comenzó de lleno a debatirse el proyecto que reglamenta la justicia transicional, cuyo objetivo será el de resarcir a las víctimas del conflicto rmado interno. Y desde ya, se anuncian varias críticas.
La principal crítica de esta semana, concretamente, llamó especial atención pues algunas voces alertaron sobre la posibilidad de que las listas que la desarmada guerrilla de las Farc entregó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre sus miembros se puedan reabrir, si se aprueba uno de los artículos de la JEP tal y como viene en la ponencia. Se trata del 63, en el que se estipula que “la JEP tendrá competencia personal (…) respecto de aquellas personas que en providencias judiciales hayan sido condenadas, procesadas o investigadas por la pertenencia a las Farc-EP o colaboración con esta organización por conductas realizadas antes del 1 de diciembre de 2016, aunque no estuvieren en el listado de integrantes entregado por dicho grupo al Gobierno Nacional durante el proceso de dejación de armas”.
Lo anterior, reviste de la mayor importancia si se tiene en cuenta que, según el alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, el listado que aportó la exguerrilla sobre la información de sus integrantes quedó cerrada desde el pasado 15 de agosto. A partir de ese momento, comenzó la etapa de acreditación por parte de su Oficina, y al final, informó que habían sido acreditados 11.345 integrantes del grupo, hoy desarmado.
Desde esa perspectiva, la posibilidad de reabrir las listas para incluir “a última hora” a más miembros, era nula. Pero en el texto de la JEP, las interpretaciones respecto de lo incluido en el artículo en mención indicaban todo lo contrario. Por eso, la noche de este martes durante el debate de la JEP, Gobierno y Congreso llegaron a un acuerdo: el senador liberal Horacio Serpa, ponente de la iniciativa, radicó una proposición con la que busca dejar claridad frente a esta polémica.
“Hemos acordado aclarar que las listas a las que se refiere el artículo son las listas de acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, no son las listas pasadas por las Farc”, informó el comisionado Rivera. Agregó que otros de los acuerdos tienen que ver con que se dejará claridad frente a los casos de los que podrá conocer la Sala de Amnistía del sistema de justicia transicional. “Podrá conocer de casos excepcionalmente, pero por solicitud de los representantes de Farc, y por motivos de fuerza mayor. En ningún caso, la Sala de Amnistía podrá considerar nombres que hayan sido rechazados o no acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz”, explicó el funcionario.
Según contó Rivera, dichas modificaciones fueron puestas en conocimiento del fiscal general , Néstor Humberto Martínez, quien hará su intervención sobre la JEP ante la plenaria del Senado, este miércoles.
Candidatura de “Timochenko”
En medio del debate de la ley estatutaria de la JEP, ha revivido la discusión en torno a si se debe incluir un condicionamiento explícito en el texto que indique que los miembros del naciente partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común sólo podrán participar en política luego de haberse sometido a las sanciones de la justicia transicional. Especialmente, luego de que voces escépticas y críticas del Acuerdo de Paz se fueran lanza en ristre en contra del máximo jefe de la exguerrilla, Rodrigo Londoño “Timochenko”, quien anunció su intención de ser candidato a la Presidencia de Colombia.
Al respecto, el comisionado de paz afirmó que le sorprendía que se intentara presentar esta situación ante la opinión pública como si se tratara de un hecho nuevo. “¡Pues no! ¡No sucedió así! La negociación que se adelantó en La Habana, el acuerdo firmado, el inicial y el final, contenían claramente esta disposición, pero no solamente eso. Fue una decisión que se trajo al Congreso legítimamente y se adoptó como reforma constitucional”, dijo Rivera.
En ese sentido, hizo una invitación a quienes se oponen a la participación en política de los excombatientes a que vuelvan a leer el Acto Legislativo que creó la JEP –hoy, estudiado por la Corte Constitucional- concretamente su artículo 20, en el que habla sobre la suspensión de las penas a los miembros de la exguerrilla. “Entonces, lo que tendríamos que estar haciendo ahora es aprobando esta ley estatutaria para que comparezcan rápido (los exguerrilleros) ante la JEP”, concluyó.
ELESPECTADOR