Las delegaciones del Gobierno y la guerrilla sostuvieron el lunes una reunión con Lenín Moreno, presidente de Ecuador, país que alberga la mesa de diálogos de paz.
Delegaciones de Gobierno y Eln se reunieron con Lenín Moreno, presidente de Ecuador. / Cortesía.
Cada día que avanza es uno menos en el conteo regresivo para la llegada del papa Francisco a Colombia. Un elemento que, sin duda, presiona para que se pueda lograr un cese del fuego bilateral entre el Estado y el Ejército de Liberación Nacional. Esta posibilidad ya ha sido considerada de manera unilateral por la guerrilla, que no descarta declararlo como un gesto de buena voluntad por la visita del máximo jerarca de la Iglesia católica al país.
Como parte de esos avances, ambas delegaciones sostuvieron ayer una reunión con Lenín Moreno, presidente de Ecuador, país que alberga la mesa de diálogos de paz. “Mi deseo fundamental es que haya paz y que podamos gozar de la paz”, dijo Moreno, y mostró su deseo por que el Eln se integre, al igual que lo están haciendo las Farc, a la vida política legal.
En esa tarea también se encuentra el Gobierno Nacional y, luego de esa reunión, Juan Camilo Restrepo, jefe de la delegación, aseguró que los esfuerzos están enfocados en lograr el cese del fuego bilateral y temporal desde el 1º de septiembre, fecha en la que culmina el tercer ciclo de negociaciones.
“Estamos empeñados en estar a la altura de esa visita y dar también el primer paso hacia la paz al convenir un cese del fuego bilateral y de hostilidades temporal que beneficie a la población civil”, aseguró el jefe de la delegación gubernamental.
Por su parte, el Eln, a través de un editorial en su página oficial, ratificó su disposición para que el cese del fuego sea posible. “Lograr un cese de los enfrentamientos (…), así sea de carácter temporal, de por sí generará de manera inmediata beneficios humanitarios para aquellos territorios en donde las acciones militares, de parte y parte, se viven con mayor intensidad”, señala la organización guerrillera.
Al mismo tiempo exigieron al Gobierno que tome medidas “efectivas y concretas” para enfrentar lo que calificaron como un genocidio en contra de los líderes sociales y de la izquierda en el país, así como el intento de “expansión paramilitar y frenar la persecución a la dirigencia social”.
Frente a este tema, cifras recientes de un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señalan que entre el 1º de enero y junio de 2017 se han presentado 484 violaciones de derechos humanos de comunidades y organizaciones sociales y populares.
También revelan que entre el 14 de abril y el 17 de agosto de este año ocurrieron 12 homicidios de excombatientes de las Farc y otros 11 que involucraron a familiares de excombatientes.
ELESPECTADOR