El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, y su hijo, Luis Carlos Hernández, están involucrados en un escándalo nacional por un presunto acuerdo de corretaje, es decir una especie de ‘lobby’ vinculado al proceso de adjudicación de un contrato para el tratamiento de tecnología alternativa con el manejo de los residuos sólidos en El Carrasco, avaluado en cerca de 250 millones de dólares y que finalmente no se adjudicó.
Un acuerdo de corretaje es una especie de pacto por medio del cual una persona se convierte en intermediario para poner en contacto a dos o más personas, con el objetivo de que celebren un negocio. Quien realiza esta intermediación, lobby o cabildeo recibe una compensación a cambio.
Ante la Procuraduría Segunda Delegada de Contratación fue radicada, el pasado 14 de noviembre, una queja disciplinaria en contra del Mandatario de Bucaramanga, en donde señalan a su hijo Luis Carlos Hernández de presuntamente suscribir un acuerdo de corretaje en la firma del millonario contrato entre la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, y Vitalogic RSU, para construir una planta que transformaría los residuos sólidos en energía eléctrica, en una concesión de 30 años. Acuerdo que no se celebró por una solicitud de la Procuraduría de postergar la adjudicación de ese contrato y que el Alcalde acató.
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