Fueron varias las dificultades que tuvo que asumir el Gobierno para que el Congreso legislara las normas necesarias para implementar el Acuerdo de Paz. Un año duró el mecanismo expedito denominado fast track, y el balance no es alentador.
Analistas consultados por EL COLOMBIANO expresaron que el punto de quiebre fue la sentencia de la Corte Constitucional al declarar inexequible parte de ese mecanismo, por considerar que era válida la iniciativa parlamentaria y que los congresistas no tenían que votar en bloque los proyectos. Es decir, acabó con el pupitrazo.
“Hasta ahí el Congreso había estado a la altura del desafío”, señaló Antonio Madarriaga, director de la Corporación Viva la Ciudadanía, quien hizo seguimiento al fast track.
Después de esa decisión se empezaron a mover diferentes fuerzas políticas. Según Madarriaga, “la del Centro Democrático que hacía proposiciones y debates y a la hora de la votación se retiraba. Los partidos minoritarios estuvieron apoyando todo el tiempo al igual que Cambio Radical y el Partido Conservador; también apoyó la mayor parte del Liberal, con excepción de Viviane Morales y Sofía Gaviria; y el partido de la U lo hizo en algunas ocasiones”.
En eso estuvo de acuerdo Imelda Daza, miembro de Voces de Paz y fórmula vicepresidencial de Rodrigo Londoño, “Timochenko”, candidato de Farc para las elecciones presidenciales en el 2018.
“Los primeros seis meses fueron interesantes. Se marchaba a paso lento pero se aprobaron seis normas. Con la sentencia de la Corte Constitucional, en adelante no se hizo nada; se aprobó el cuerpo de la JEP, la ley estatutaria no corresponde con el Acuerdo y no hubo reforma política ni Circunscripciones Especiales de Paz. La evaluación es precaria, lamentable”.
Pero la tercera etapa fue la más difícil. De acuerdo con el analista, los intereses electorales empezaron a pesar en las discusiones y debates que se daban alrededor de los proyectos. “Se produjo la salida de Cambio Radical del Gobierno al oponerse a la JEP, a la reforma política, y a las circunscripciones; igualmente salieron de la coalición de Gobierno sectores de la U, del Partido Liberal y finalmente el Partido Conservador”.
Madarriaga insiste en que “en medio de eso se dio una serie de proposiciones, desde la más sensatas hasta las más absurdas. Se vio marrulla parlamentaria, obstruccionismo, mala conducta y vulgaridad”.
Lo que se aprobó
En medio de todas esas adversidades el Gobierno logró que se aprobaran cuatro actos legislativos importantes para la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la Farc, explicó David Suárez, docente de Derecho Constitucional de la Universidad Eafit.
Fueron aprobadas la reforma constitucional que dio vida al Sistema de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición, que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz; el blindaje jurídico del Acuerdo; la Participación Política de las Farc y el uso de regalías para el posconflicto.
Además, otras leyes como la de amnistía e indulto, la estatutaria de la JEP, el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado (más conocido como prohibición del paramilitarismo), y el Estatuto de la Oposición.
Todo eso teniendo en cuenta que el Congreso siguió legislando leyes ordinarias y haciendo debates de control político, factor que destacó Patricia Muñoz, docente de Ciencia Política de la U. Nacional.
Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos dictó 34 decretos con fuerza de ley que están en revisión de la Corte. Sin embargo, Madarriaga no es tan optimista: “de los 29 proyectos que debieron ir por fast track solo fueron tramitados 10, una tercera parte”.
Lo que no pasó
En cualquier caso la debacle se dio durante los últimos días de vigencia de ese mecanismo. Se hundieron la reforma política y las 16 Circunscripciones Especiales de Paz, que buscaban ampliar la democracia y dar participación a víctimas del conflicto, están en el limbo.
“Todas las reformas que pretenden obligar a la democratización de los partidos, eliminar el clientelismo y la corrupción han fracasado y esta no fue la excepción. El Congreso no está en condiciones de cambiar la política para que sea una actividad digna. Eso muestra el talante”, expresó el director de Viva la Ciudadanía.
Además, leyes como la de innovación agropecuaria, adecuación de tierras, adjudicación de baldíos, entre otras de las iniciativas para implementar la Reforma Rural Integral, aunque fueron radicadas, no avanzaron, lo que lamentó Daza.
Al fin de cuentas, el Gobierno no quedó bien parado ante la opinión pública, “demostró que no tuvo capacidad para obtener el respaldo suficiente de los congresistas. El desgaste es muy alto, el mismo proceso fallido de conseguir el apoyo refleja poco margen de maniobra”, dijo Muñoz.
Para Daza, este “es un Gobierno débil desde el punto de vista legislativo, no tiene mayorías, no tiene una coalición que lo respalde en la política más importante que propuso”.
Muñoz, en cambio, considera que frente a las circunstancias actuales el Ejecutivo puede darse por bien servido
Contrario a lo dicho por varios expertos, el presidente Santos expresó anoche —en medio de la controversia sobre la suerte de las circunscripciones— que el gobierno sí logró su aprobación.
“Asimilar los cambios y la paz es difícil. Hoy (ayer) se aprobaron estas dos reformas, la ley estatutaria, y la que crea unas circunscripciones que no son para las Farc. Son para las víctimas. Es para darle una representación temporal a comunidades que han sido marginadas durante 53 años”, dijo.
“¿Y por qué digo que se aprobaron las dos? Porque pasó la reforma constitucional de las circunscripciones por 50 votos contra 7, y el secretario del Senado se precipitó y dijo que no había pasado. Pues se equivocó, puesto que hay una jurisprudencia clarísima. La Corte Constitucional ha dicho dos veces que las reformas constitucionales se pasan por mayoría. Hay tres senadores en la cárcel y está expresamente dicho que se les aplica el principio de la silla vacía, por eso 50 hace mayoría de 99”, agregó.
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