Colombia

Corte Suprema de Justicia hace un llamado para no violar la reserva sumarial en proceso Uribe

La Corte Suprema de Justicia ha decidido hacer públicas sus quejas contra los involucrados en el proceso que se lleva en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y al exrepresentante Álvaro Hernán Prada, ante las insistentes entrevistas e información que ha sido divulgada a diversos medios de comunicación, afectando la integridad y la objetividad del proceso.

Desde sus redes sociales, La Corte Suprema de Justicia ha publicado una carta emitida por el magistrado César Augusto Reyes Medina, en la que explica la forma nociva con la que los involucrados estarían incumpliendo los principios de la reserva sumarial en el proceso, incurriendo en graves faltas que podrían llegar a sanciones por estar infringiendo varios artículos de la ley 600 de 2000.

Reyes Medina, quien es el encargado de llevar la investigación contra el expresidente Uribe, por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, es también el responsable de haber citado a más de 42 personas, entre exparamilitares, abogados, senadores, exfiscales y periodistas, con la intención de compilar una enorme cantidad de testimonios para dar pronta claridad en el caso; sin embargo, ha tenido que levantar su queja por las insistentes declaraciones ante los medios que estarían irrespetando la reserva procesal del caso.

“El principio de la reserva sumarial previsto en el artículo 14 de la Ley 600 de 2000, no es ni puede ser letra muerta de modo que su inviolabilidad no solo debe empeñarse funcionario judicial sino los sujetos procesales e intervinientes, como que garantiza y preserva la obtención de la prueba y evita las consecuencias nocivas para los fines de la investigación que conlleva una publicación inoportuna”, declaró el Magistrado en su misiva.

El jurista también mencionó en su carta varias puntos señalados en el artículo 10 de la Ley 906 de 2004, la cual le otorga a los jueces la facultad de aplicar sanciones a los testigos e involucrados en algún caso que mediante sus acciones estén afectando el desarrollo de la investigación adelantada.