Eso de que la implementación sería más difícil que la propia negociación, resultó profético. A los problemas en terrenos como la proliferación de los cultivos de coca, la lenta reincorporación de los desmovilizados y el crecimiento de las disidencias, se suma la pérdida de incidencia del Gobierno sobre el Congreso.
En vista de que al fast track (vía rápida) le quedan 18 días de vida y aún hay siete iniciativas en trámite, como la reforma política, la agraria y las circunscripciones de paz, y otras siete no han sido radicadas, aliados del Gobierno empezaron a ambientar las posibles salidas para “salvar” el Acuerdo.
Aunque el presidente Juan Manuel Santos ratificó que el fast track va hasta el 30 de noviembre, porque la Corte Constitucional avaló una sola prórroga por seis meses, que está en curso, en Palacio estudian la posibilidad de extenderlo un mes, para compensar el tiempo de las vacaciones de mitad de año.
Los senadores Roy Barreras (La U) y Claudia López (Alianza Verde) coinciden en que si este Congreso no cumple con la implementación, debe ser cerrado, para dar paso a una Asamblea Nacional Constituyente, que se encargue de hacer las reformas.
Esta opción no es tan riesgosa, según varios expertos consultados, como la propuesta del senador Armando Benedetti (La U) de que el presidente decrete la conmoción interior.
Según el artículo 213 de la Constitución este recurso procede ante graves perturbaciones del orden público que atenten contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia. El presidente quedaría facultado para expedir leyes, sin necesidad del Congreso.
Los riesgos de la acrobacia
Benedetti le dijo a EL COLOMBIANO que no ve sólidas las mayorías en el Congreso y que ese estado de emergencia le permitiría a Santos expedir decretos, pero reconoció que eso también es posible sin que se tenga que usar la conmoción.
Según Francisco Barbosa, doctor en Derecho Público de la U. de Nantes (Francia) y docente de la U. Externado, la conmoción traería implicaciones políticas gravísimas, porque lo que le falta al Gobierno es un pacto político entorno al Acuerdo.
“Se fortalecería el discurso de quienes se oponen o dudan de la implementación. No es posible sacar leyes estatutarias en estados de conmoción, es decir, estaríamos ante un mecanismo inconstitucional, no inédito, porque se usó con la Constitución de 1886, pero sería un abuso del Ejecutivo”, añadió.
Al respecto, Rubén Sánchez, politólogo del Instituto de Ciencias Políticas de París y docente de la U. del Rosario, precisó que, ante la parálisis del Congreso, poco interesado en sacar adelante la implementación, el presidente Santos podría recurrir a este mecanismo “in extremis”, pues la JEP es la columna del Acuerdo con las Farc y la paz es un deber de obligatorio cumplimiento. “Sin embargo le restaría legitimidad, habida cuenta del clima político actual”.
“Salida de desespero”: CR
Jorge Enrique Vélez, presidente de Cambio Radical, afirmó que la conmoción tiene que tener causas sobrevinientes, y la característica de que no haya quórum o no se vote en el Congreso no es ningún hecho que tenga esa categoría.
“Los requisitos jurídicos no se cumplen. Sería una bofetada a la democracia y a las decisiones de los partidos. La Corte Constitucional dijo que se podía discutir cualquier proyecto del fast track, pero la conmoción es una salida de desespero”.
El senador Iván Cepeda (Polo Democrático), dijo que el Congreso debe agotar los procedimientos para sacar adelante la legislación pendiente en los límites de la vía rápida, y que así no sea necesario recurrir a ningún mecanismo extraordinario.
El presidente Santos hizo, por primera vez en siete años, un llamado público al Congreso para que agilice. Les puso el balón en su terreno, antes de tomar cualquier decisión.
ELCOLOMBIANO