Paralelo con el fracaso del trámite de las leyes para la implementación del Acuerdo vía fast track, el Congreso –sin que muchos prendieran sus reflectores –sacó tiempo para tramitar dos iniciativas cuyos principales beneficiados serán ellos mismos.
Pues bien, los congresistas aprobaron, durante la última semana del legislativo, un par de leyes que bien podrían ser calificadas como, básicamente, legislar en nombre propio. Se trata de la doble instancia para procesos ante el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Pese a que este asunto estaba pendiente por ser reglamentado luego de un llamado que hiciera la Corte Constitucional, otros temas que podrían mejorar el trámite legislativo no fueron aprobados.
Las dos iniciativas fueron solicitud de la Corte Constitucional que había levantado polémica en 2014 cuando aseguró que todos los ciudadanos vencidos en cualquier tipo de juicio tenían derecho a una doble instancia y le dio un plazo de un año al Congreso para iniciar el trámite al respecto. Sin embargo, en ese momento nada pasó.
De hecho en septiembre de este año, cuando estalló el escándalo del ‘Cartel de la Toga’ la Corte Suprema solicitó a la Comisión Primera del Senado que no continuara el trámite legislativo y ordenaba su archivo. También, en 2014 y 2015 se habían presentado iniciativas con la misma finalidad.
La primera reforma constitucional aprobada por los congresistas es el acto legislativo 13 de 2017 del Senado por medio del cual se crea una sala conformada por seis magistrados que conocerán el proceso en primera instancia y este puede ser apelado ante la sala plena del tribunal. La segunda iniciativa busca que los procesos que se adelantan de forma disciplinaria ante el Consejo de Estado tengan el mismo recurso. La Sección Quinta, del Consejo de Estado, será la encargada de llevar el proceso y la última palabra la tendrá la sala plena de la corporación.
Cuando el proyecto fue aprobado el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, recordó que desde su llegada a esta cartera el compromiso era tramitar esa iniciativa. “Estamos cumpliendo una deuda histórica que se tenía con los congresistas. Uno observaba en el Consejo de Estado como los parlamentarios perdían su investidura que les acarreaba la muerte política de por vida y no tenían derecho a apelar la decisión, ahora eso es cosa del pasado”.
Así mismo, el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, sostuvo que estos proyectos no fueron de iniciativa parlamentaria “fue simplemente convertir en normatividad fallos de la Corte y principios rectores establecidos en las normativos internacionales”.
El profesor, Rubén Sánchez de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario, aseguró que se puede hablar de una falta de ética de los congresistas del país, “pese a que en efecto se necesitaba una reforma en materia de doble instancia hay leyes supremamente importantes en materia de justicia que no han salido y que son vitales”.
Según dijo no es la primera vez que legislan en nombre propio: “el último aumento de salario para ellos fue escandaloso, más cuando esto repercute en las pensiones. No asistir a las sesiones es una falta muy grave, mire, uno no va al trabajo y al tercer llamado lo pueden despedir. Yo no entiendo cómo hay senadores que ni participan casi y además no van al Congreso, eso no tiene presentación. Un control de tipo coercitivo no funcionaría, el problema es ético, deben ser correctos en sus actitudes, que exista un respeto al elector”.
Otros proyectos
Durante esta legislatura se presentaron otras iniciativas que podrían haber ayudado a mejorar el trámite legislativo sin embargo, tuvieron poca discusión legislativa o simplemente no fueron discutidas.
Luego de estallar el Cartel de la Toga se comenzó la discusión de un proyecto de ley para la creación de un tribunal de aforados dicha iniciativa fue retirada, además se incluyó un artículo con el mismo propósito en la Reforma Política, iniciativa que también murió.
Por otro lado, se presentó un proyecto para garantizar la asistencia de los congresistas a las sesiones, endureciendo las sanciones disciplinarias por inasistencia a los debates con sanciones económicas y validación real de las excusas médicas, sin embargo la iniciativa ni siquiera fue discutida en primer debate cuando ya tenía ponencia.
Cabe anotar que en 2016 se presentó tres veces un proyecto que buscaba que los congresistas rindieran cuentas ante la opinión pública de sus actuaciones, además buscaba endurecer los mecanismos de control ciudadano como que los parlamentarios presentaran sus declaraciones de renta. El proyecto se hundió dos veces y en la tercera ni siquiera fue discutido.
El futuro de las iniciativas
Las dos leyes ya pasaron en el Congreso. No obstante, la primera deberá ser revisada por la Corte Constitucional al modificar la carta política y la segunda deberá ser enviada al Presidente de la República para su promulgación. Preocupa es que tengan un efecto retroactivo.
Según Juan Carlos Ruiz Vásquez, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario, “estamos en un momento en el país en donde el proceso de paz es una realidad y es posible que estén legislando en nombre propio, pero también están brindado garantías en procesos en que la misma Corte se había pronunciado, eso se puede convertir en una tabla de salvación para políticos”.
Son varios los congresistas que salieron de sus cargos, sin tener doble instancia. Es el caso de Eduardo Carlos Merlano, quien fue destituido por el Consejo de Estado por utilizar su fuero para intentar evitar una multa de tránsito; Holguer Díaz quien perdió su investidura ante el mismo tribunal por tráfico de influencias y conflicto de intereses al recibir comisiones del Grupo Saludcoop a cambio de favorecerlo en los trámites de una reforma a la salud en el Congreso. Así mismo, el exrepresentante Carlos Vergara salió por violar el régimen de inhabilidades ya que su padre era funcionario de la alcaldía de Sincelejo. De igual forma, el exsenador Carlos Enrique Soto fue sancionado con pérdida de investidura por supuesta mala destinación de recursos.
Cabe anotar que es obligación de los congresistas declararse impedidos cuando existan “situaciones de carácter moral que los inhiban para participar en el trámite”, asegura el artículo 182 de la Constitución.
ELCOLOMBIANO