El ex vicepresidente Amado Boudou y su socio y amigo José María Núñez Carmona seguirán presos en la cárcel de Marcos Paz, al menos diez días más. La Cámara Federal rechazó sus pedidos de excarcelación en la causa en que ambos fueron detenidos por lavado de dinero, en hechos vinculados con su patrimonio y el modo en que supuestamente se quedaron con la imprenta que fabrica billetes, Ciccone Calcográfica. Sin embargo, dijo que esta detención debe concretarse mientras esté en vigor el secreto de la investigación dispuesto por el juez federal Ariel Lijo, a raíz de las revelaciones del supuesto testaferro de Boudou, Alejandro Vandenbroele, quien declaró como arrepentido en el caso.
Así, una vez que sean indagados el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray; el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y el banquero Jorge Brito, entre otros citados, el juez Lijo deberá analizar nuevamente si corresponde excarcelarlos “con alguna medida cautelar menos lesiva” que la cárcel, como pidió el fiscal Jorge Di Lello. La ronda de indagatorias termina el 6 de diciembre.
Boudou, defendido por Eduardo Durañona y Alejandro Bisbal, y Núñez Carmona, por Matías Molinero, festejaron la decisión de la Cámara Federal como un triunfo por más que tengan que seguir en prisión, pues el tribunal no basó su encarcelamiento en los argumentos de Lijo, sino que dijo que debían permanecer detenidos hasta tanto se agoten las medidas dispuestas al decretar el secreto del sumario.
El fallo fue firmado por los jueces de la Sala I, Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia. En un sugestivo voto, Ballestero se refirió a la jurisprudencia que inauguró el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, cuando dijo que los acusados de corrupción deben permanecer en prisión si tienen poder para entorpecer la investigación. Dijo que la “generalización indiscriminada de tal lógica supondría ignorar cualquier singularidad” e implicaría el encarcelamiento automático de cualquier funcionario -tanto pretérito como actual- por la mera imputación de un delito”. Este es el argumento que emplean Cristina Kirchner y sus diputados para advertir que, con la lógica que llevó a Julio De Vido y a Boudou a prisión, debería ser encarcelado Mauricio Macri, imputado por denuncias del kirchnerismo,
Pero Ballestero escribió que, en el caso de Boudou, justifican su detención las medidas de prueba que está haciendo el juez Lijo tras la declaración de Vandenbroele. El arrepentido dijo que Brito inyectó capital para financiar la quiebra de Ciccone, que le pagaba una mensualidad y que Echegaray facilitó la operación.
El juez recordó que fue el fiscal Di Lello quien “con especial ahínco” y debido “al buen comportamiento procesal de Boudou” pidió al juez que tome “medidas cautelares menos lesivas”, como un arresto domiciliario o la colocación de una pulsera de rastreo satelital para seguir sus movimientos.
El juez Bruglia destacó la importancia de perseguir los actos de corrupción y las obligaciones internacionales que asumió la Argentina en ese sentido, pero dijo que hay que ser prudentes en extremo al aplicar la prisión sin condena, para evitar generalizaciones indiscriminadas. Adhirió por eso a lo que dijo Ballestero y entendió que, además, debe sumarse la compleja situación que atraviesa Boudou, con la multiplicidad de causas que enfrenta.
En el caso de Núñez Carmona, los camaristas expusieron que el abogado rebatió los argumentos de Lijo para encarcelarlo, pero compartieron las mismas razones que los llevaron a dejar preso a Boudou.
Lijo detuvo a Boudou y a Núñez Carmona a comienzos de mes al entender que por el poder que detentaba el ex vicepresidente estaba en condiciones de entorpecer las investigaciones.
Son tres los expedientes que convergen en su juzgado; el caso Ciccone, residual, pues la mayor parte está en juicio oral; el caso de la consultoría de Formosa, y el enriquecimiento, que se trata de un posible caso de lavado de dinero de sus actividades ilícitas. Con Boudou y Núñez Carmona presos, Vandenbroele confesó su participación en las maniobras, complicó la situación de ambos y salpicó al gobernador Insfrán, a Brito y al banquero Raúl Moneta.
Por eso Lijo los citó a indagatorias que comenzarán la semana próxima, además de ordenar medidas de prueba que mantiene en secreto.
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