Congreso

Campesinado insiste en ser reconocido constitucionalmente

 En la Comisión Primera del Senado de la República está en segundo punto del orden del día la discusión del proyecto de acto legislativo que busca modificar el artículo 64 de la Constitución Política, con ponencia a cargo del senador Alexander López Maya, del Polo Democrático Alternativo.

La iniciativa busca el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos en la Carta política, lo que busca eliminar la discriminación y vulnerabilidad del campesinado colombiano. Para ello, la reforma que se pretende reforzará los supuestos del Estado social de derecho, al tiempo que colmará lagunas existentes en el reconocimiento de nuevas realidades y nuevos derechos. La iniciativa busca que se amplíen las posibilidades para el reconocimiento de los campesinos y campesinas y la protección de sus derechos.

Actualmente el estado del sector agrario en el país está en una de sus mayores crisis debido al impulso de una “visión del campo sin campesinos” en los últimos gobiernos, como lo ha denunciado en repetidas ocasiones el senador Alberto Castilla. La profundización e incremento de la minería, la instalación de grandes hidroeléctricas, el fortalecimiento de una agroindustria concentrada en el monocultivo que ha favorecido a los grandes empresarios además de la agudización del conflicto armado que continúa despojando a pequeñas familias de sus tierras son algunos de los factores que mantiene en un abandono histórico a la ruralidad. Todo esto ha generado que quienes habitan el campo, principalmente campesinos y campesinas, no cuenten con las condiciones dignas para vivir.

En los últimos informes del DANE y el Censo Nacional Agropecuario se puede observar que la vivienda del área rural dispersa el 82,6% tiene conexión al servicio de energía, el 42,6% a acueducto y apenas 6% al alcantarillado. Acorde con estos mismos datos, a junio de 2015 la pobreza a nivel nacional era de 28,2%, mientras para las cabeceras municipales el porcentaje era 24,6%, en los “Centros poblados y rural disperso” llegaba a 40,1%. Asimismo, el porcentaje de pobreza monetaria extrema (indigencia) en las cabeceras municipales era del 5% a junio de 2015, mientras que para el “área resto” era del 17,6%. De acuerdo al Censo Agropecuario, el Índice de Pobreza Multidimensional para el área rural dispersa era de 45,5%, De otro lado, el Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH) para Colombia aseguró que el índice de ruralidad es más grande de lo pensado, al establecer que en estas zonas habita cerca del 32% del total de habitantes del país, siendo su mayoría campesinos.

Estas cifras demuestran la necesidad imperiosa de que por medio de esta reforma constitucional, se le dé un espaldarazo a este sector social para dignificar sus condiciones de vida. Ello da paso a la reivindicación del campesinado como grupo social, el cual merece un reconocimiento político y jurídico así como la adopción de medidas tendientes a garantizar la permanencia del grupo. Dentro de estas medidas se encuentran el reconocimiento de nuevos derechos, como el derecho a la tierra –que excede los contenidos del derecho a la propiedad–, el derecho al territorio y a las semillas, así como la adecuación de derechos existentes a las necesidades del campo, y el fortalecimiento de mecanismos de participación que le permitan al campesinado tomar parte activa en la construcción de su proyecto de vida.

Esta iniciativa se ha hundido en repetidas ocasiones en el Congreso debido a que no se surtieron los debates necesarios en las respectivas células legislativas o no se agendó de forma adecuada el proyecto ni en Senado ni en Cámara de Representantes. Este nuevo intento de darle vida a la reforma constitucional para el reconocimiento del campesinado se da luego de que en el Concejo de Derechos Humanos de la ONU adoptara la “La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales” en diciembre de 2018.

La declaración de las Naciones Unidas llama a los estados a “respetar, proteger y cumplir los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, en su territorio y fuera de su territorio” y a la “elaboración y aplicación de legislación y políticas, y en otros procesos de adopción de decisiones relativas a los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, incluidos los acuerdos internacionales”. Por ello, con la expedición de esta declaración, esta reforma constitucional se espera exista un ambiente más favorable para que en Colombia se apruebe esta iniciativa de reforma constitucional.

Para el senador Alberto Castilla, autor principal de la iniciativa, este proyecto es fundamental para que “el Estado salde la deuda histórica que tiene con este importante sector social del país que garantiza no solo la alimentación de buena parte de los habitantes, sino también un sector que mantiene vivas las tradiciones culturales de las comunidades y que gracias a sus prácticas responsables, cuida el ambiente, el agua y las semillas”.

Con la aprobación de esta reforma constitucional, se esperaría que el Estado inicie un proceso progresivo de mejoramiento estructural de las condiciones sociales, económicas, de infraestructura  y de derechos para las personas que habitan el campo, pues las escandalosas cifras de pobreza, déficit en el acceso a servicios públicos como el alcantarillado y acueducto, los niveles de analfabetismo y Pobreza Multidimensional afectan principalmente a las y los campesinos que aún viven en las zonas rurales del país.