En debate de control político citado este martes en la Plenaria del Senado, los congresistas Wilson Arias (Polo Democrático Alternativo) y Gustavo Bolívar (Decentes) realizaron graves denuncias no sólo sobre la grave deforestación que afecta la Amazonía mundial y la región de la Orinoquía colombiana, sino sobre el principal factor detrás de este drama: el acaparamiento de tierras estimulado por la especulación y el blanqueamiento de tierras irregularmente acumuladas en la Altillanura, fenómeno que está en expansión hacia la puerta de la Amazonía.
Actualmente, en un mundo que ve, entre la indignación y la impotencia, cómo en tan sólo un mes (agosto de 2019) 2,5 millones de hectáreas de bosques y selvas vírgenes arden con la connivencia de mandatarios como Bolsonaro; en Colombia se consolida una manguala entre mafiosos, esmeralderos, políticos de todas las pelambres, tecnócratas, “empresarios” y banqueros para robarse las tierras baldías y, luego del desplazamiento y despojo de comunidades campesinas e indígenas, “montar” empresas de papel que además de servir para llenarse los bolsillos son beneficiadas por leyes y políticas públicas diseñadas para su “legalización”.
La escasez y volatilidad del precio de los alimentos ha llevado a la clasificación de las últimas tierras rentables a nivel mundial por parte del Fondo Monetario Internacional (2011), ubicándolas en África (201 millones de hectáreas), América Latina (120 millones de hectáreas) y Europa oriental (52 millones). Desatando así una fiebre por la tierra en las 445 millones de hectáreas de tierras no cultivadas y disponibles para la agricultura, estimadas en el mundo por el FMI, que incluyen la amplia zona de la Orinoquía y Amazonía colombianas.
Los conflictos desatados por la inequitativa distribución de la tierra en el país continúan perpetuándose por cuenta de este nuevo fenómeno de fiebre por la tierra, generando pobreza y desplazamiento forzado.
Wilson Arias ha sido reconocido por denunciar la apropiación irregular de grandes extensiones de tierra desde la Cámara de Representantes (2010-2014), cuando dio a conocer que grupos económicos y políticos nacionales de siempre, más varias multinacionales, tenían presencia en la Altillanura colombiana con negocios que incluían unas 500 mil hectáreas, dirigidas a negocios agroindustriales, especulación y ganadería principalmente. Tierras consideradas en el CONPES 3797 (2014) que proyectó que existen entre 2 y 4 millones de hectáreas aprovechables en la Altillanura colombiana, en las que se ha promovido este ánimo especulativo de neocolonización.
Esta “ventana de oportunidad” (como la denomina el Banco Mundial) ha llevado a que los gobiernos de los últimos 20 años en el país fueran estructurando “las condiciones para aprovechar” 15,1 millones de hectáreas que comprenden ya no solo la Altillanura sino el conjunto de la Orinoquía, es decir, la puerta de la Amazonía colombiana. Lo anterior a través de diversas políticas de Estado como el CONPES de la Altillanura; el Plan Maestro de la Orioquía y la Ley ZIDRES (Ley 776 de 2016 Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico), que permiten “sanear” la acumulación de baldíos en la región. “Vienen afinando la institucionalidad y adecuando las leyes para legalizar y blanquear tierras y capturar los recursos del Estado, incluso a través de empresas estatales como Ecopetrol”, señaló Arias.
En Puerto López -la primera ZIDRES del país- se completa un cuadro de activa participación estatal en beneficio de acaparadores irregulares de baldíos como Luis Carlos Sarmiento Ángulo, y en donde además, a través de Ecopetrol se beneficiaron a Riopaila y a los socios de Bionergy. Con el fin de adquirir tierras para la producción de caña, la Estatal y sus asesores jurídicos le torcieron el cuello a la Ley desarrollando nuevas tipologías de acaparamiento irregular de baldíos, que incluyeron mecanismos como la celebración de contratos de arrendamiento de tierras que no se usaron, con propietarios inmobiliarios, narcos y testaferros (a 30 años), la constitución de “Fiducias de parqueo” y la compra de empresas fantasmas -off shore-. Mecanismos mediante los cuales se “estacionaron” a esperar la expedición de la Ley ZIDRES durante varios años, bajo la asesoría de la Vicepresidencia Jurídica de Ecopetrol y de Posse Herrera Ruiz asesor de Bioenergy, como consta en el Acta de reunión de la Junta Directiva de Bioenergy del 18 de diciembre de 2014, presentada por el senador Wilson Arias.
Arias recordó nueve casos de acumulación irregular de tierras sobre los cuales la Contraloría ha iniciado acciones que no han surtido mayor efecto. En el caso específico que vincula a la Multinacional Cargill, denunciada por acumular indebidamente más de 66mil hectáreas, el INCODER presentó demanda de nulidad que fue rechazada después de no ser subsanada en los términos legales. Arias solicitó la investigación pertinente a la Procuraduría y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para anular los referenciados contratos.
La magia de Bioenergy:
Bionergy S.A. (creada en 2005) para la producción de etanol a partir de caña, adquirió el predio de origen baldío La Esperanza 1 y 2 en Puerto López por un valor de 300 millones de pesos cada una. En 2006, las valoriza en 4.300 millones de pesos y las hipoteca sin límite con Bancolombia. En 2008 le propone a Ecopetrol iniciar un proyecto para construir una planta de producción de etanol, sobre la base de 11 mil hectáreas, en ese mismo año crea cuatro nuevas empresas (Bioriente S.A, Bioriente I Ltda, Biorente II Ltda y Biorente Panamá S.A), se hacen a 25.500 hectáreas con la idea de aprovechar los incentivos del gobierno y entrar a comprar barato y vender caro.
Una vez Ecopetrol compra el proyecto que le fue ofrecido y aprobado sin ningún tipo de estudio -según la Contraloría-, tres lotes fueron adquiridos por un precio once veces mayor, a través de la compra de dos sociedades en paraísos fiscales: Amandine Holdings Corp y los Arces Group Corp, que, como fue comprobado posteriormente, no poseían los predios al momento de la compra. Arias relató cómo Ecopetrol venía pagando arriendos en predios que no estaban siendo utilizados, especialmente el conocido como “Casa Verde” propiedad de Jorge Orlando Murcia Sierra, hermano de José Reinaldo Murcia Sierra alias “Martelo”, el piloto de Perafán y jefe del cartel de Bogotá.
Entre las conclusiones del debate el Senador Wilson Arias destacó que no se han anulado los contratos que acumulan baldíos y violan las unidades agrícolas familiares (UAF) en ninguno de los casos denunciados hace nueve años; solicitó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que adelante las acciones pertinentes para anular estos contratos, así como los del caso de Bioenergy; contratos sobre predios baldíos que no han sido denunciados en los numerosos escándalos protagonizados por este proyecto, y que implica un nuevo capítulo de hechos de corrupción, ahora asociados a la irregular compra de tierras.
Requirió tanto a la Fiscalía como a los organismos de control para que intervengan en los hallazgos de Bioenergy, y de los demás casos. Arias anunció que demandará el Decreto 1396 de 2018 que crea la ZIDRES de Puerto López por no cumplir ni los requisitos, ni los mecanismos establecidos por ley.
A este debate del acaparamiento y especulación de la tierra se suma la deforestación como un mecanismo también de apropiación de la tierra. Al respecto el Senador Gustavo Bolívar (Decentes) citante también del debate anunció que “presentará un proyecto de ley que se implemente una cátedra de medio ambiente y cambio climático en todas las instituciones del país e invitó a todos los ciudadanos y sectores políticos a hacer un pacto por la protección del medio ambiente”.
Bolívar informó que presentará una acción de cumplimiento ante el Consejo de Estado para que las entidades estatales rindan cuentas frente a la preocupante y creciente situación que vive el país en torno a la deforestación y el deterioro del medio ambiente.
Fuente: Senado