El exgobernador pisa el acelerador contra quienes fueron sus padrinos y aliados políticos, como los exsenadores Musa Besaile y “Ñoño” Elías. ¿Tendrá munición suficiente para ganar esta batalla?
Alejandro Lyons es una de las cabezas visibles de la corrupción en Córdoba. Desde la Gobernación se encargó de diseñar una poderosa red de desfalcos en la que figuran los senadores del partido de La U, Musa Besaile y Bernardo “Ñoño” Elías, quienes fueron sus padrinos políticos. Pero mientras Musa y Ñoño están presos, Lyons goza de libertad en Estados Unidos, desde donde señala de forma selectiva a algunos de sus antiguos aliados a cambio de rebajas por sus delitos y otros beneficios por colaborar con la Fiscalía y autoridades estadounidenses.
Lyons es un delincuente protegido. Ese privilegio también le permite enviar “mensajes cifrados” a sus antiguos cómplices o testaferros, cada vez que ofrece declaraciones a los medios de comunicación. Cuando Lyons habla, en Montería se estremecen las casas políticas y las cuentas corrientes de sus testaferros, quienes interpretan muy bien cada una de sus palabras. El poder de Lyons radica tanto en lo que dice como en lo que calla. “Es un chantajista profesional que cree que la dicha le va a durar toda la vida”, me dijo un empresario de Montería, que lo conoce desde sus inicios en la vida pública.
La vida de Lyons cambió de forma radical cuando recién graduado de abogado, su primo José Ignacio Lyons lo llevó a hacer parte de su bufete de abogados en Bogotá, donde conoció a varios congresistas vinculados a los escándalos de la parapolítica. Uno de ellos fue el senador de La U, Musa Besaile, a quien Lyons defendió ante la Corte Suprema de Justicia, por sus presuntos vínculos con grupos de autodefensas.
Familiares de Besaile sostienen que gracias al cariño que el defendido le cogió al defensor, aquel tomó la decisión de postularlo a la Gobernación en 2011, por encima de la voluntad de otros miembros de su movimiento político que hacían cola para ganarse esa distinción, entre ellos “Los Mellos Tirado” y hasta el propio Roberto Buelvas, hoy candidato al Senado por Cambio Radical. Lyons salió elegido Gobernador con más de 320.000 votos.
El candidato original de Musa para la Gobernación era su hermano Johny, pero su entonces aliado político, el también senador “Ñoño” Elías, objetó su nombre. A Zulema Jattin -la otra dirigente de La U que tenía curul en el Senado en cabeza de Martín Morales, hoy preso- tampoco le gustó que Musa postulara a Johny. Ante esas diferencias, los tres acordaron que el candidato sería Lyons, quien renunció a la oficina de abogados de su primo y se puso la camiseta de aspirante a la Gobernación. Lyons era, además, cuñado de Ñoño.
A Lyons lo reemplazó en la oficina de abogados de Bogotá su amigo Leonardo Pinilla, hoy preso junto con el ex fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno. Ambos fueron detenidos en Miami cuando pretendían cobrarle a Lyons una gruesa suma de dinero, producto de un chantaje para no detenerlo por cuenta de los robos efectuados por los “carteles de la hemofilia y de la educación” en sus tiempos de gobernador de Córdoba. Lyons denunció el chantaje ante la DEA, organismo que lo utilizó como carnada para capturarlos en junio del año pasado. En esa operación la DEA contó con la colaboración de la Fiscalía General de Colombia, organismo con el que Lyons llegó a un acuerdo de colaboración que le permitiría pagar apenas cinco años de cárcel, así como devolver 4.000 millones de pesos.
En la Gobernación, Lyons repartió la administración entre sus aliados políticos y fue así como a Zulema Jattin le dio la Secretaría de Educación, a Ñoño le entregó dos, entre ellas la de Salud, y puso a disposición de Musa las restantes. De la mano de Zulema llegó a la Secretaría de Educación, Manuel Otero, su amigo y uno de los contratistas de su confianza. Ñoño se volvió el dueño de la nómina y de la chequera de la Secretaría de Salud, que luego se vio envuelta en los escándalos por los “carteles de la hemofilia y el Síndrome de Down” y Musa tuvo a su disposición los multimillonarios recursos de las otras secretarías.
Cálculos moderados de contratistas nacionales y departamentales a quienes consulté estiman que entre todas las secretarías movieron de forma irregular más de 450.000 millones de pesos. Un solo contratista, Guillermo Pérez, propietario de la IPS “Unidos por su Bienestar”, envuelta en el cartel de la hemofilia, sostuvo ante las autoridades que le entregó a Lyons 15.000 millones de pesos, señalamiento que el exgobernador de Córdoba niega. Dicha IPS habría defraudado al Estado en más de 40.000 millones de pesos, según investigaciones de la Fiscalía.
El rompimiento de Lyons con sus mentores políticos, al parecer, por diferencias en la repartición de algunos contratos, lo llevó a postular a su prima, Sara Piedrahíta Lyons, a la Cámara de Representantes, quien -pese a no tener ninguna experiencia política ni electoral- salió elegida en 2014 con 130.000 votos.
Musa y Ñoño, por su parte, llevaron a Edwin Besaile, hermano de Musa, a la Gobernación. Esta semana la Fiscalía General le imputará cargos por peculado y concierto para delinquir en el caso del “cartel de la hemofilia”. Su testigo estrella es Lyons. Amigos, familiares y allegados a Musa Besaile sostienen, por su parte, que también suministrarán a la Fiscalía información valiosa contra Lyons y sus actuales aliados políticos.
Córdoba es, pues, escenario de una guerra frontal entre Lyons y sus antiguos socios. Mientras el primero logró acuerdos con Estados Unidos y la Fiscalía General, los otros tratan de resistir los embates de quien fuera hasta hace pocos años su principal aliado y cómplice. Todos saben y guardan secretos de unos y de otros. Todos tienen suficiente munición tanto para responder como para atacar. Lyons disparó primero y asestó duros golpes, como el de tener tras las rejas a Musa y Ñoño, así como poner contra las cuerdas a Edwin Besaile. A esta historia, sin embargo, le faltan muchos capítulos por escribir. Lo único cierto es que hasta ahora nadie sabe quién pondrá el punto final.
El exgobernador de Córdoba es el principal testigo de la Fiscalía contra el actual gobernador de ese departamento. El organismo investigador sostiene que Besaile pagó de forma irregular algunos contratos para atender “enfermos” de hemofilia que no existían, contratos que fueron firmados por su antecesor, Alejandro Lyons. La Fiscalía sostiene que Besaile pagó $1.525 millones a la IPS San José de la Sabana en mayo de 2016, apenas cinco meses después de haber asumido el cargo de Gobernador. Esa misma IPS hizo cobros por más de $5.000 durante la gestión de Lyons. La pregunta que se hace la Fiscalía es: ¿por qué Besaile pagó si sabía que contra esa IPS ya había investigaciones por pertenecer al cartel de la hemofilia? De ser hallado culpable de concierto para delinquir y peculado, el gobernador Besaile podría pagar hasta 15 años de cárcel. Su ahora enemigo y antes aliado, Alejandro Lyons, sostiene que “le entregué dineros”, que su campaña a la Gobernación se financió con dineros provenientes del “cartel de la hemofilia” y que su hermano, el exsenador Musa Besaile, recibía la mitad de la plata proveniente de los contratos ilegales del “cartel de la hemofilia”. El Gobernador, por su parte afirma, que no sólo evitó el pago de $180.000 millones del Departamento, sino que fue quien denunció las irregularidades detectadas.
Esta semana se vendió en Montería una de las fincas más bonitas de la zona. El vendedor es un reconocido comerciante de la ciudad, perteneciente a una familia con tradición política en el Departamento. En la capital de Córdoba se dice que el verdadero propietario de la finca sería el exgobernador Lyons y que el testaferro recibió la orden de venderla de inmediato. El precio de la finca habría sido de $5.000 millones. Punto. Hoy en Montería uno de los temas preferidos en las tertulias de ganaderos, políticos y comerciantes es el de la fortuna de Lyons, que nadie sabe a cuánto asciende. Pero todos dicen que los $4.000 millones que Lyons se comprometió a devolver cuando firmó el principio de oportunidad con la Fiscalía están muy lejos de acercarse a la realidad. La red de testaferros de Lyons sería muy extensa y ello dificultaría el rastreo de todos sus bienes. Hace muy poco la Fiscalía incautó dos fincas ubicadas en Sahagún y Pueblo Nuevo, que figuraban a nombre de la compañía GSI proyectos SAS, cuyo representante legal es Jairo Aldana Bula, quien reconoció ante el organismo investigador que el verdadero dueño de los predios es el padre del exgobernador Lyons.
Uno de los mejores amigos de Alejandro Lyons es Sami Spath Storino, quien sería la persona designada por él en su época de Gobernador para mover cientos de millones de pesos en efectivo para pagar los sobornos. Esta semana en declaraciones a La W Radio, el propio Lyons salió en defensa de su amigo. De forma contundente el exgobernador afirmó que Spath fue una persona que “yo utilicé en mi administración para en algunos momentos enviar dinero, recibir algún dinero. Abusé de su amistad y de ese conocimiento”. “Al ser testigo y ser mencionado por mi en varias diligencias -declaró Lyons a La W- lo han tratado de vender como un capo, como el gran cerebro, pero con un propósito de limitar su capacidad de negociación con la justicia, porque él tiene información que corrobora mucho de lo que yo he dicho. Quieren evitar que se convierta en testigo de la Fiscalía”. Pero Spath no sería el único protegido de Lyons, quien de forma selectiva en cada declaración “limpia” a unos y “enloda” a otros. ¿Qué pasó -por ejemplo- con los miles de millones que se movieron en Programas de Alimentos Escolares (PAE) durante su gestión? ¿Y cómo fue el contrato de los carneros? Con mucha habilidad Lyons dispara su munición con el propósito de no desperdiciar un solo tiro. De esta manera logra alinear a quienes se quieran salir de la fila en las que logró acomodarlos. Esa estrategia hasta ahora le ha dado buenos resultados. Otro tema que Lyons evade es el que tiene que ver con el asesinato de Jairo Zapa, quien fuera su director de Regalías.
Lyons podría perder los beneficios que recibió al negociar el principio de oportunidad con la Fiscalía. En octubre pasado, se comprometió con la Fiscalía a entregar los bienes adquiridos de manera fraudulenta, a devolver $4.000 millones, a desmantelar la red de corrupción que elaboró durante su administración, así como a delatar a todos sus cómplices. También se comprometió a suministrar información para desmantelar el llamado “cartel de la toga”, pues quien fuera su amigo, Leonardo Pinilla, aparece en conversaciones con él en la que se refieren a magistrados, exmagistrados y políticos que serían objeto de sobornos por parte de los togados. Pinilla fue quien le presentó al ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Es decir, Lyons está jugando con candela, pues de no cumplir los compromisos adquiridos con la Fiscalía se expone a perder todos los beneficios, lo que significaría tener que afrontar de nuevo los más de 20 cargos que pesan en su contra. Y ello podría traducirse en más de 20 años de cárcel.
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